Los ingresos de los políticos

Sin duda que la sensación de falta de verdad en los asuntos crematísticos de los políticos que nos gobiernan, produce en los ciudadanos un estado de desasosiego y desconfianza que poco beneficio produce al propio sistema. Habría que decir de los personajes públicos que no todos faltan a la verdad, aunque desgraciadamente no podamos afirmar que todos dicen la verdad. Desde el momento de la toma de posesión del cargo, de la proclamación, investidura, o cualquiera que sea la modalidad de acceso a la Administración Pública, las finanzas, rentas y patrimonio del personaje público deben de adquirir la condición de públicas, siendo ya algo más matizable el alcance de la publicad, según el mayor o menor grado de parentesco familiar o societario, ya que de todos es sabido la preferencia que tienen los dineros públicos por buscar cobijo en depósitos privados y de transformarse en patrimonio también privado, en cuentas propias o de familiares.

Bien, la solución se llama publicidad y accesibilidad. Obligar a todos los servidores públicos, elegidos democráticamente o mediante designación, así como a todos sus derivados en empresas, patronatos, fundaciones, asociaciones, mancomunidades, diputaciones, delegaciones, etc, etc, etc, a presentar el estado de sus cuentas, declaración de ingresos y situación patrimonial, con cierta regularidad, trimestralmente por ejemplo. El perímetro de información debería de incluir a sus familiares y a todas aquellas fórmulas societarias en las que nuestro servidor público tenga intereses económicos o poderes de representación y actuación.

También habría que exigir publicidad total y de completa accesibilidad a los pagos realizados por los organismos públicos locales, autonómicos y estatales y a todos los organismos dependientes de los mismos, por pequeño que sea el grado de conexión. Y mantener la información accesible, “sine die”.

No habría que olvidar la intensa actividad subvencionadora de las Administraciones, por ello también hay que exigir total y completa accesibilidad a las ayudas públicas de cualquier naturaleza, importe y destinatario, también sin límite de tiempo.

En esta línea, hay que incluir los pagos que los contribuyentes no realizan en base a las deducciones e incentivos deducibles de sus impuestos. También hay que exigir completa publicidad a los ingresos tributarios no realizados por haber sido subvencionados.

Con la debida protección a los datos personales, la Administración debe de tener una única base de datos que contenga todos los ingresos públicos con indicación expresa del sujeto pasivo, todas las deducciones públicas, todas las ayudas, todas las subvenciones y todos los pagos de la Administración.

Además otra base de datos debe de contener toda la información del estado de las finanzas, rentas y patrimonio de los administradores públicos.

Es probable que se sigan cometiendo abusos y delitos contra la Administración Pública, pero las posibilidades se reducen más que moderadamente. Además las profesiones de administradores y contables experimentarían un incremento de su demanda y una mejora de sus expectativas.