Los partidarios de que fluya la información y se realice con absoluta transparencia, estamos de enhorabuena. A partir del 8 de septiembre de 2011, el Registro de Intereses tendrá carácter público. Es decir que las rentas percibidas por los parlamentarios y también las variaciones que su patrimonio haya experimentado, además de estar recogidas en el Registro de Intereses de las Cámaras, serán de acceso público.
Afortunadamente, la transparencia se extiende a las rentas y bienes que perciben y disfrutan los parlamentarios, y usted y yo, podremos conocer de primera mano toda la información económica de nuestros representantes políticos.
El siguiente paso es evidente. Hay que dotar de carácter público a todos los registros de intereses de los representantes públicos, cualquiera que sea el ámbito y la institución en la que presta sus servicios. Alcaldes, concejales, diputados provinciales, consejeros y delegados de empresas públicas, mancomunidades, comarcas, fundaciones públicas, organismos públicos de toda índole, presidentes de comunidades autónomas, parlamentarios autónomos, etc, etc.
Para evitar la última trampa sobre la transparencia de rentas y bienes de los representantes públicos, el acceso tiene que ser universal y gratuito y como no, mediante acceso digital inmediato.
No hay que olvidar que la contrapartida positiva de la transparencia la recibe el propio representante público, cuyas rentas y bienes se hacen públicos, como su cargo, esa contrapartida es la eliminación de prejuicios, suposiciones y valoraciones negativas sobre el origen, el importe de sus rentas y patrimonio.
Luz y taquígrafos en sus ámbitos, pero también información y transparencia en los suyos.
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