Como financiar la Deuda Pública española

Ante la crítica situación en la nos encontramos y sin entrar a analizar quien puede tener más responsabilidad, o cuando había que haber tomado determinado tipo de medidas, al respecto solo diré que desde el año 77, este país ha sido gobernado únicamente por Partido Popular y Partido Socialista, aunque ciertamente motivados por muchos intereses nacionalistas espúreos. Por lo tanto si únicamente han gobernado ambos partidos, la responsabilidad de los aciertos, pocos, y de los fracasos y pérdida de oportunidades, muchas, son únicamente de ambos partidos. No dispongo del dato en estos momentos, pero la cantidad de gobierno socialista en el período que arranca en 1977 es aproximadamente del 60 % del tiempo, mientras que los gobiernos populares han dispuesto del restante 40 %. En resumen populares y socialistas al alimón nos han traído justo hasta donde nos encontramos, en las puertas del desastre.

Precisamente para evitar esta posibilidad bien real, se me ha ocurrido, seguramente que a otros cientos más también, la siguiente forma de financiar el de momento inevitable crecimiento de la Deuda Pública española.

Leyendo una interesante entrada de Miguel Aguirre en el blog Economy Weblog, que recomiendo, y revisando los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, concretamente las páginas 145 y siguientes y uniendo ambas lecturas resulta la siguiente propuesta de financiación pública.

Miguel Aguirre en su entrada ofrece hasta 3 vías de financiación clásica de las deudas soberanas, en la tercer dice literalmente “ la tercera solución sería aplicar una política de “represión financiera” como se hizo en la India o en el Líbano.  Consistió en incitar u obligar a través de una regulación formal o de una persuasión informal a los actores financieros locales para que comprasen títulos de deuda soberana”.

Parece una solución un poco fuerte, obligar a los actores financieros a comprar deuda pública.

Sin embargo esta regulación de compra impuesta, es lo que me ha hecho acudir a los Presupuestos Generales del  Estado en busca de alguna herramienta fiscal alternativa a la pura obligación legal de compra.

En los Presupuestos nos encontramos en la página 145 (el documento del que dispongo es el Proyecto de Presupuestos, por lo que las cifras pueden variar, aunque no sustancialmente), con el denominado Presupuesto de Beneficios Fiscales, que viene a ser como la disminución de ingresos tributarios debido a la existencia de incentivos fiscales  a los contribuyentes.

Sin entrar en detalles de su composición los beneficios fiscales para el año 2012 asciende a la importante cifra de algo más de 38.000 millones de euros, de los cuales la mitad reduce el pago de impuestos directos y la otra mitad los indirectos.

La propuesta, fácil pero brutal sería eliminar los beneficios, atención porque el señor  Rajoy ya le ha echado el ojo a este método rápido de incrementar la recaudación. Al contrario, mi propuesta no supone ningún trauma, simplemente se trata de convertir el beneficio fiscal del contribuyente en deuda pública, de esta forma, aplazamos en el tiempo el cobro/deducción  del beneficio fiscal y obviamente pagando los intereses correspondientes.

Ciertos beneficios fiscales tienen una finalidad económica y social importante que habría que tener en cuenta,  pero con este sistema se mantiene su finalidad aunque se difiere su efecto en el tiempo.

En resumen, los destinatarios de los Beneficios Fiscales se convertirán en suscriptores de Deuda Pública, aplazando el cobro de su incentivo fiscal y sus intereses al vencimiento de la deuda que se le entregó en el momento del devengo del incentivo.

Un efecto positivo añadido al incremento de las posibilidades de financiación del Estado, se encuentra en reducir la necesidad de recurrir a los “mercados”,  al nacionalizar nuestra propia deuda, los “ahora monstruosos mercados” tendrían menos deuda española en sus manos y por lo tanto menos poder sobre nosotros. Además  se da una posibilidad a muchos de demostrar su patriotismo financiero. No olvidemos que la nacionalidad del propietario de la deuda española, además de su volumen, son determinantes en el grado de exigencia y de dureza de las condiciones que la Comisión, El FMI y el Banco Central Europeo nos están imponiendo.